¿Cómo impacta el gobierno corporativo en la sostenibilidad y éxito de una empresa ante los desafíos globales?


El gobierno corporativo es el conjunto de principios, normas y procesos mediante los cuales las empresas son dirigidas y controladas. Su objetivo principal es garantizar una gestión transparente, ética y responsable, alineando los intereses de los accionistas, directivos y otras partes interesadas.

Un gobierno corporativo sólido contribuye a la toma de decisiones estratégicas, mejora la confianza de los inversores y promueve el cumplimiento normativo, siendo clave para la sostenibilidad y competitividad empresarial en un entorno globalizado.

¿Qué beneficios obtendrá mi empresa?

Transparencia
Se fomenta la rendición de cuentas y la divulgación clara de información financiera y no financiera, fortaleciendo la confianza de los inversionistas y partes interesadas.

Reducción de la incertidumbre 
Un gobierno corporativo eficiente contribuye a identificar y mitigar riesgos legales, financieros y reputacionales, salvaguardando así los intereses de la empresa.

Financiamiento
Las empresas con buen gobierno corporativo son percibidas como menos riesgosas, lo que facilita la atracción de capital a través de inversionistas o entidades financieras.

Reconocimiento corporativo 
La gestión ética y responsable fortalece la percepción pública, lo que a su vez aumenta la lealtad de clientes, proveedores y empleados.

Buena gobernanza 
La implementación de estructuras y procesos claros facilita la toma de decisiones estratégicas más informadas, equilibradas y enfocadas en el largo plazo.

Sostenibilidad y resiliencia empresarial
Con un enfoque en prácticas responsables y sostenibles, las empresas están mejor preparadas para adaptarse a los cambios del entorno y mantener su competitividad.

¿Como puedo implementar un Sistema de Gobierno Corporativo (SGC)?

La identificación de riesgos es una etapa esencial que proporciona directrices para establecer una pauta de gestión de riesgos, implica reconocer y describir aquellos riesgos que podrían impedir a la organización cumplir con sus obligaciones legales y éticas. 

Es un enfoque sistemático para reconocer y describir los riesgos que pueden afectar a la organización, ya sea en términos de cumplimiento normativo o en un contexto más amplio al identificar aquellas amenazas que podrían afectar la consecución de los objetivos de la organización.


El proceso de creación de pautas y políticas para la gestión de riesgos, orientado a la implementación de un gobierno corporativo efectivo, implica una serie de pasos estructurados que aseguran la identificación, evaluación y mitigación de riesgos dentro de una organización.

Implementar de manera rigurosa contribuye a la creación de un marco sólido del  SGC, fortaleciendo la capacidad de la organización para enfrentar desafíos y aprovechar oportunidades de manera eficiente y ética.

La implementación y publicación de políticas y procedimientos del SGC en una entidad comienza con el compromiso de la alta dirección para establecer una cultura de transparencia y responsabilidad. Se analizan las necesidades organizacionales y se desarrollan políticas alineadas con los objetivos estratégicos, definiendo claramente roles y responsabilidades. Estas políticas se documentan formalmente y se comunican a todos los miembros de la organización mediante canales internos, asegurando su comprensión y aceptación.

La gestión de riesgos es un proceso dinámico que requiere monitoreo constante y revisiones periódicas para evaluar la efectividad de las políticas implementadas y realizar ajustes según sea necesario. por esta razón la eficiencia del SGC depende de establecer mecanismos de monitoreo y revisión periódica para garantizar su cumplimiento y eficacia, promoviendo una mejora continua en tanto en la alta dirección como en las prácticas cotidianas.

¿Está mi empresa obligada a implementar un SGC?

En México, la implementación de un Sistema de Gobierno Corporativo no es obligatoria para todas las empresas, pero es exigible para aquellas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) o emiten valores en el mercado bursátil. En este contexto, estas empresas deben adoptar prácticas de gobierno corporativo alineadas con el Código de Mejores Prácticas Corporativas, lo que incluye la constitución de un consejo de administración independiente, la creación de comités especializados y la implementación de políticas de transparencia y control interno.

Las empresas privadas no bursátiles no tienen una obligación legal general de implementar un SGC; no obstante, se recomienda ampliamente debido a los beneficios que ofrece, como la atracción de inversiones, la mitigación de riesgos legales y operativos, y el fortalecimiento de la estructura interna de la organización.

Además de los beneficios en imagen y reputación, existen elementos jurídicos en México que buscan incentivar mejores prácticas corporativas mediante la disminución de la carga legal hacia la entidad y la alta dirección, cuando se puede demostrar la existencia de una cultura de cumplimiento.

Ley General de Responsabilidades Administrativas

Este ordenamiento fue pensado en un inicio para regular el alcance y responsabilidad de los funcionarios, sin embargo, contiene un capitulo destinado a las personas morales, en cuyo texto se consigna que 

"En la determinación de la responsabilidad de las personas morales a que se refiere la presente Ley, se valorará si cuentan con una política de integridad".

Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP)

Establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos cometidos en su nombre, por su cuenta o en su beneficio cuando haya inobservancia del debido control en la entidad.
Esta ley señala que para determinar el grado de culpabilidad y posible individualización de la culpa se considerará la posibilidad concreta de comportarse de distinta manera y de respetar la norma jurídica quebrantada, lo que nos conduce a implementar una política de integridad y sanas prácticas financieras y mercantiles.

Código Penal Federal (CPF)

Esta ley establece que las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos en su nombre, por su cuenta o en su beneficio o a través de los medios que proporcionen, cuando exista inobservancia del debido control en su organización.

El articulo 11Bis de la misma ley establece la reducción en un 25% si previo a los actos delictivos se demuestra la existencia de un órgano de control.

 Existen otros ordenamientos que regulan actividades específicas, los cuales exigen controles internos estrictos. En algunos casos, se establece la obligación de contar con personal certificado para ejercer las funciones de supervisión del cumplimiento.

 En el caso de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), se denomina "Oficial de Cumplimiento", y sus funciones incluyen la obligación de informar directamente a las autoridades cuando exista la posibilidad de que los propietarios o la alta dirección incurran en la posible comisión de delitos.

Quieres saber más, o te encuentras ante una revisión de cumplimiento, comunícate con nosotros. Juntos encontraremos la mejor solución.